Hay territorios que no aparecen en los atlas y aun así dictan reglas. Una zona de estatus especial funciona con su propia ley, su propia autoridad y, en la práctica, su propia contabilidad. Lo que se resuelve en el resto del país con una audiencia pública, allí se resuelve con un comité.
Monóculo revisó el marco legal, las actas públicas disponibles y los contratos de operación. El patrón no es la ilegalidad: es la opacidad. Las decisiones que fijan inversión, empleo y uso del suelo toman forma antes de que exista un registro auditable.
La pregunta no es si las zonas especiales atraen capital. Es quién supervisa los compromisos de largo plazo que se firman a su nombre, y con qué derecho un ciudadano común entera la letra chica.
